La Procuraduría General de la República deberá pagar más de RD$7.5 millones al empresario Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exfuncionario del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), por la demora en devolver bienes que le habían sido incautados durante una investigación por presunta corrupción administrativa.
La decisión fue emitida por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, luego de acoger una solicitud de liquidación de astreinte presentada por la defensa del imputado, debido al incumplimiento de una orden judicial que establecía la entrega de varias pertenencias retenidas.