El fiscalizador considera que los magistrados deben ejercer su autoridad mediante decisiones judiciales motivadas y no a través de reprimendas públicas, al tiempo que llama a preservar el respeto y el equilibrio institucional.
El fiscalizador Denis Guerrero, miembro del Ministerio Público, cuestionó la práctica de jueces de realizar reproches públicos a representantes del órgano persecutor durante el ejercicio de sus funciones, al considerar que este tipo de actuaciones pueden afectar el respeto y el equilibrio que debe prevalecer entre las instituciones que integran el sistema de justicia dominicano.
Guerrero sostuvo que los jueces tienen plena autoridad para examinar las actuaciones del Ministerio Público, determinar si se han producido violaciones al debido proceso y adoptar las medidas jurídicas que correspondan; sin embargo, entiende que esas facultades deben ejercerse dentro del marco de sus atribuciones jurisdiccionales y mediante decisiones debidamente motivadas.
“Los jueces hablan por sentencia, no por boches. La justicia exige respeto, pero también equilibrio institucional”, expresó el fiscalizador, al referirse a los recientes cuestionamientos públicos dirigidos a una representante del Ministerio Público por magistrados del Tribunal Constitucional.
El miembro del Ministerio Público fundamentó su posición en los artículos 4 y 149 de la Constitución dominicana, que establecen el principio de separación de poderes y delimitan las funciones de los tribunales. Asimismo, citó los artículos 169 y 170, que definen las atribuciones del Ministerio Público y reconocen su autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.
En ese sentido, explicó que la autoridad de los jueces para controlar la legalidad de las actuaciones sometidas a su conocimiento no implica una relación de superioridad jerárquica sobre los representantes del Ministerio Público.
“Los fiscales no son subordinados personales de los jueces, ni los jueces superiores jerárquicos del Ministerio Público. Somos actores de un mismo sistema de justicia, con competencias distintas y responsabilidades igualmente importantes”, manifestó.
Guerrero también hizo referencia al artículo 184 de la Constitución y al artículo 1 de la Ley 137-11, que reconocen la posición del Tribunal Constitucional como máximo órgano de interpretación y control de la constitucionalidad, señalando que precisamente por la trascendencia de esa investidura sus actuaciones deben constituir un ejemplo de prudencia, institucionalidad y respeto a las competencias de los demás órganos del Estado.
El fiscalizador aclaró que su planteamiento no busca justificar posibles actuaciones incorrectas de ningún representante del Ministerio Público ni desconocer la autoridad de los tribunales, sino defender que las diferencias y eventuales irregularidades sean abordadas por los mecanismos jurídicos correspondientes.
“Si un fiscal incurre en una violación constitucional o legal, que se establezca mediante una decisión debidamente motivada, identificando las normas vulneradas y las consecuencias jurídicas correspondientes. Esa es la función jurisdiccional”, puntualizó.
Finalmente, Guerrero insistió en que el respeto entre los actores del sistema de justicia debe ser recíproco y que la autoridad de un magistrado no necesita reprimendas públicas para hacerse valer.
“La autoridad de un magistrado se demuestra con la Constitución, la ley, la independencia y la calidad jurídica de sus decisiones. Los fiscales no estamos para aguantar boches; estamos para cumplir con nuestras responsabilidades dentro del marco de la Constitución y las leyes”, concluyó.