La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó la apertura de una investigación inmediata y profunda ante denuncias de ocupaciones ilegales, afectaciones ambientales y presuntos fraudes inmobiliarios en varias áreas protegidas del país.
Entre los espacios bajo escrutinio figuran el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino, todos considerados de alto valor ecológico y estratégico para el país.
Para dirigir el proceso fue conformada una fuerza de tarea especial, coordinada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución. El equipo lo integran, además, Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales; Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo; Ana Burgos, de la Unidad de Investigación Inmobiliaria, y el abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central, Gedeón Platón Bautista Liriano.
Alcance de las indagatorias
La instrucción establece que el equipo deberá examinar todos los actos jurídicos, administrativos y transacciones que hayan derivado en la emisión de títulos de propiedad o en acciones privadas que comprometan la integridad de estos territorios protegidos. El objetivo es determinar si existieron redes criminales, corrupción administrativa, falsificación de documentos o prevaricación que hayan facilitado el despojo o apropiación indebida de patrimonio natural del Estado.