En 2016, Francia se convirtió en el primer país del mundo en obligar por ley a los supermercados a donar toda la comida no vendida pero aún apta para el consumo. La llamada Ley Garot marcó un antes y un después.
Desde entonces, los establecimientos de más de 400 m² están legalmente obligados a firmar convenios con bancos de alimentos y organizaciones benéficas. Además, se prohibió una práctica habitual y brutal: destruir comida con lejía o químicos para impedir que fuera recuperada.
El resultado fue inmediato: millones de comidas rescatadas, menos residuos, más dignidad y una señal clara al mundo de que la sostenibilidad no es caridad, es política pública.
Francia demostró que el hambre no es un problema de falta de comida, sino de decisiones.