La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) compartió el pasado jueves una nota de prensa en la cual afirma que las sanciones no serían eliminadas en la propuesta de modificación a la Ley 176-07 de Ayuntamientos y del Distrito Nacional aprobada en el Senado de la República.
No obstante, esta pieza sí elimina el castigo penal que recibirían funcionarios de los cabildos en caso de un tribunal determinar su culpabilidad ante la incorrecta ejecución de la distribución determinada para el presupuesto municipal, manteniendo solo “las sanciones administrativas”.
Así lo establece la ley actual
“La violación de este artículo será sancionada con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnización de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos, así como también con la inhabilitación para el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos casos. En el caso de que el tesorero y el contralor municipal no denuncien ante las autoridades de control y persecución competentes, se castigarán como infractores y de acuerdo con la sanción antes mencionada”, así versa el párrafo cuarto del artículo 21 situado en la Ley 75-25, que modificó la Ley 176-07.