Especialistas en materia legal han advertido sobre las posibles consecuencias que podrían enfrentar los responsables de centros de rehabilitación de adicciones que operan sin la debida regulación en el país. Señalan que, en algunos casos, estas prácticas podrían implicar violaciones a la ley si no cuentan con autorización oficial para su funcionamiento.
De acuerdo con las explicaciones ofrecidas, cuando una persona es trasladada o retenida en contra de su voluntad sin orden de una autoridad competente, podría configurarse la figura de encierro ilegal. Asimismo, se ha indicado que en algunos de estos procesos también podrían presentarse situaciones de agresiones físicas, lo que agrava la situación legal.
En términos de sanciones, se establece que el encierro ilegal puede conllevar penas de entre 2 y 5 años de prisión, y en casos donde la privación de libertad se prolonga por más de un mes, las condenas podrían aumentar de 3 a 10 años. Estas advertencias reabren el debate sobre la supervisión y regulación de este tipo de centros en el país.