El ministro del Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, y su homóloga de República Dominicana, Faride Raful, posan tras firmar un tratado de cooperación ayer, en Santo Domingo.
La República Dominicana y España firmaron este miércoles un tratado de cooperación que busca reforzar la lucha conjunta contra el terrorismo, el narcotráfico, la trata de personas, los delitos económicos y el blanqueo de capitales, así como la ciberdelincuencia y la violencia de género.
El acuerdo fue suscrito por la ministra de Interior dominicana, Faride Raful, y por su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, de visita oficial en la República Dominicana, donde hoy, jueves, participará en la XXVI Reunión de Alto Nivel del Mecanismo Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se desarrollará en Punta Cana.
En palabras de Grande-Marlaska, este tratado permitirá «hacer más eficaz» la lucha contra el crimen transnacional y representa «un paso más en el fortalecimiento de nuestra alianza en materia de seguridad, incorporando un nuevo marco jurídico que refuerza los mecanismos de colaboración y promueve el intercambio de información, la asistencia técnica y la formación».
Y es que las amenazas del crimen «ya son globales, no son locales, por lo que la respuesta debe ser global», dijo el ministro español, quien defendió este tipo de acuerdo «imprescindible para generar seguridad en nuestras sociedades».
Mientras, la ministra dominicana subrayó que el tratado firmado hoy «ordena» la cooperación entre la República Dominicana y España «en los frentes que la realidad criminal exige para convertirnos en más capaces, eficientes y más oportunos con esta cooperación bilateral».
El acuerdo establece mecanismos de intercambio de información, investigaciones conjuntas y asistencia operativa que permitirán fortalecer la identificación de sospechosos, la búsqueda de personas desaparecidas, la localización de redes delictivas y la recuperación de bienes vinculados a actividades ilícitas.
Asimismo, permitirá el intercambio de experiencias, tecnologías y buenas prácticas en procesos de investigación criminal, así como la formación especializada de los cuerpos de seguridad, aportando al fortalecimiento de la seguridad ciudadana.