SANTIAGO.– Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre y una mujer acusados por el Ministerio Público de integrar una red criminal que reclutaba adolescentes para explotarlos sexualmente.
La investigación, a cargo del Departamento de Trata y Tráfico de Personas de la Fiscalía de Santiago, establece que los procesados contactaban a adolescentes de entre 13 y 17 años, a quienes ofrecían dinero y regalos para que sostuvieran relaciones sexuales entre sí, mientras el hombre presuntamente grababa los encuentros.
De acuerdo con el expediente, los imputados ubicaban a menores de edad en condiciones de vulnerabilidad y les ofrecían distintas sumas de dinero a cambio de participar en estos actos.
El fiscal Juan Osvaldo García, director del Departamento de Trata y Tráfico de Personas, explicó que una de las víctimas fue contactada mediante una aplicación de citas. Cuando rechazó la propuesta de mantener relaciones sexuales con el imputado, este le ofreció presentarle a una de las adolescentes involucradas.
La investigación también señala que una de las menores fue trasladada bajo engaño desde la provincia Valverde hasta Santiago.
Durante la audiencia, la fiscal litigante Heidys de León informó que el Ministerio Público ha identificado al menos tres víctimas, entre ellas una adolescente de 17 años que se encuentra en estado de gestación.
Tribunal autoriza anticipo de pruebas y análisis de celulares
A solicitud de la Fiscalía, el tribunal autorizó el anticipo de pruebas de las víctimas menores de edad y de otro adolescente que figura como testigo, con el propósito de preservar sus testimonios y evitar su revictimización mediante exposiciones recurrentes ante los tribunales.
También dispuso el levantamiento de evidencias forenses y la extracción de información de los teléfonos celulares presentados por el Ministerio Público como elementos de interés para la investigación.
Entre las evidencias recolectadas durante un allanamiento a la residencia de Acosta Vargas figuran preservativos nuevos y usados, medicamentos y somníferos, cámaras de videograbación, cables transmisores USB, dinero en efectivo y estimulantes sexuales.
La requisa fue realizada por la procuradora fiscal Cristina Ramírez, según la información suministrada por el órgano acusador.
La medida de coerción fue dictada por el juez Dayham Rodríguez.
Imputación provisional
El Ministerio Público atribuye provisionalmente a los imputados violaciones a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03, modificada por la Ley 46-25, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas; el artículo 396, letras B y C, de la Ley 136-03, que establece el Código para la Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, así como disposiciones de la Ley 53-03 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Los cargos están relacionados con presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, abuso psicológico y sexual contra menores de edad y delitos de alta tecnología.
Los imputados deberán enfrentar el proceso judicial mientras avanzan las investigaciones. Se recuerda que la prisión preventiva es una medida cautelar y que ambos conservan la presunción de inocencia hasta que una sentencia definitiva establezca su responsabilidad penal.