Organización cuestiona los “intercambios de disparos” y plantea que la respuesta al crimen debe combinar prevención, investigación, justicia y políticas sociales.
Santo Domingo. El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) expresó su preocupación por los hechos de violencia y delincuencia registrados en el país y reclamó al Gobierno la implementación de una política integral de seguridad ciudadana que trascienda los operativos policiales y enfrente también las condiciones sociales vinculadas a la criminalidad.
En un documento emitido por su Dirección Nacional, la organización tomó como referencia el reciente ataque contra el merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido como Julián Oro Duro, hecho en el que murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, y el artista resultó herido.
El caso permanece bajo investigación de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Las autoridades han informado sobre arrestos, allanamientos y recuperación de dinero y pertenencias presuntamente vinculadas al asalto.
Para el FALPO, episodios de esa naturaleza obligan a revisar la estrategia empleada frente a la delincuencia y a desarrollar una política que articule prevención, investigación criminal, persecución del delito, justicia y atención a las condiciones económicas y sociales que afectan a los sectores más vulnerables.
Reclama oportunidades para la juventud
La organización popular sostuvo que una política efectiva de seguridad debe prestar especial atención a la juventud mediante la generación de empleos dignos y estables, acceso a la educación y formación técnica, así como mayores oportunidades en áreas como el deporte y la cultura.
El FALPO vinculó parte de la problemática social con la informalidad laboral y las dificultades que, afirma, enfrentan numerosos trabajadores para cubrir sus necesidades básicas.
Según la organización, combatir la delincuencia exclusivamente mediante patrullajes, apresamientos y operativos armados resulta insuficiente si paralelamente no se atienden factores como el desempleo, la precariedad laboral, el deterioro de los servicios públicos y el costo de la vida.
Cuestiona los llamados “intercambios”
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la actuación de los organismos de seguridad. El FALPO cuestionó al Ministerio Público y a la Policía Nacional por las muertes ocurridas en los denominados “intercambios de disparos” durante operativos realizados en distintos puntos del país.
La organización demandó una Policía Nacional profesional, depurada y sometida a mecanismos efectivos de control institucional, al tiempo que reclamó investigaciones transparentes sobre las actuaciones de sus agentes.
También planteó que cualquier integrante de organismos estatales cuya vinculación con estructuras del crimen organizado sea demostrada mediante las investigaciones correspondientes debe ser sometido a la justicia.
Demandas económicas y sociales
El FALPO extendió sus cuestionamientos a la situación económica y a la calidad de los servicios públicos. Entre sus reclamos figuran la reducción del costo de la vida, la revisión de los precios de los combustibles, una disminución de la tarifa eléctrica y medidas para enfrentar los apagones.
La organización también cuestionó los casos de corrupción conocidos en instituciones públicas, al considerar que afectan la confianza ciudadana en el funcionamiento del Estado.
En materia social, reclamó mayor inversión en educación, cultura y deporte; tierra y facilidades crediticias para trabajadores del campo; construcción de obras comunitarias y viviendas dignas, así como medidas dirigidas a reducir los precios de medicamentos y productos de primera necesidad.
Convoca a fortalecer la organización popular
Al cierre del documento, la Dirección Nacional del FALPO llamó a comunidades, trabajadores, jóvenes, estudiantes, juntas de vecinos y organizaciones sociales y populares a fortalecer sus estructuras organizativas y mantener la movilización alrededor de sus reivindicaciones.
La organización sostuvo que la seguridad ciudadana debe abordarse desde una perspectiva amplia, en la que la respuesta al delito esté acompañada por políticas de prevención, oportunidades para la juventud, fortalecimiento institucional y mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
El pronunciamiento, fechado el 26 de septiembre de 2026 en Santo Domingo, está suscrito por Raúl Monegro, secretario nacional; Milciade Gérardo, vocero nacional, y Domingo Bueno, miembro de la Dirección Nacional del Frente Amplio de Lucha Popular.